La disolución conyugal, cada vez más regulada y controlada por los detectives privados.

En los últimos años, y con la agravación de la crisis económica, muchas parejas  no pueden permitirse el lujo de pagar una pensión en caso de divorcio.

El descubrimiento de que la ex pareja, la persona con la que se va a romper los votos matrimoniales, ingresa dinero negro, o vive con su nuevo acompañante en el domicilio conyugal son datos importantes y relevantes para una reducción de pensión o incluso su total absolución.

Conseguir pruebas para demostrar estos ingresos adicionales es indispensable para lograr un acuerdo justo, aunque éste esté en desacuerdo con la persona con la que se negocia. Actualmente, la situación económica, ha sido el motivo más utilizado por empresarios y autónomos para poder disimular sus ingresos reales, alegando rentas más bajas.  También es importante la figura del detective, a otro nivel, en la lucha por la custodia de los menores, y el investigador ayuda a aportar las pruebas necesarias para demostrar el incumplimiento de ciertas reglas de vivencia por parte de uno de los dos miembros conyugales.

Ante un juzgado, la validez y veracidad de una investigación realizada por un detective privado es esencial, primordial, fundamental, y en muchos casos son el único instrumento que podrá ser considerado como válido en juicio.

Los motivos anteriormente comentados, son los que han producido un crecimiento en la contratación de detectives privados para realizar investigaciones de tipo familiar.